La iniciativa declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año) y busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —de jerarquía constitucional— mediante una serie de medidas normativas, institucionales y presupuestarias. Entre otros puntos, garantiza partidas para incrementar el pago a prestadores de servicios y saldar deudas con enfermeros, acompañantes y transportistas; crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio; actualiza asignaciones a talleres protegidos y refuerza programas de la ANDIS.
Desde su primer debate en el Congreso, la discusión pública sobre el sector de personas con discapacidad cobró centralidad, acompañada por movilizaciones hacia el Congreso y Plaza de Mayo, así como por la masificación de discursos de referentes del sector, personalidades reconocidas y familias, quienes visibilizaron la crítica situación de los trabajadores del área y las dificultades agravadas por el ajuste.
Ahora será el turno del Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama mucho más adverso. Para que el veto sea definitivamente rechazado, se necesita nuevamente una mayoría de dos tercios. Sin embargo, en la sesión del 10 de julio —cuando la ley fue originalmente tratada— la Cámara alta la aprobó por unanimidad, lo que anticipa un posible revés aún más contundente para el Gobierno.
Las claves de la ley de Emergencia en Discapacidad
La iniciativa plantea un paquete de medidas que van desde la regularización de pagos a prestadores hasta el cumplimiento efectivo del cupo laboral en el Estado.
Uno de los ejes centrales es la regularización de deudas y la actualización de aranceles: se propone saldar los pagos atrasados del sistema de salud y garantizar un ajuste mensual en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El texto también declara al sistema de interés público nacional, lo que refuerza su carácter prioritario.
El proyecto avanza sobre la reforma de las pensiones no contributivas, con el objetivo de asegurar financiamiento suficiente y revisar las condiciones de acceso y permanencia. A la vez, se prevé un fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con mejoras en la base de datos y auditorías periódicas para transparentar la gestión.
La iniciativa también incluye una compensación económica de emergencia para prestadores y recursos específicos para talleres de producción y centros de día, con un impacto fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Otro punto clave es la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La ANDIS, junto al Consejo Federal de Discapacidad, establecerá nuevos lineamientos para contemplar no solo las condiciones físicas, sino también las intelectuales, sensoriales y sociales de cada persona.
Finalmente, el proyecto reafirma la obligación del Estado de cumplir con el 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público, una deuda histórica que hasta ahora se cumple de manera parcial y fragmentaria.
