Según la denuncia, la droguería articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos. El porcentaje de los retornos ascendería al 3% y representaría alrededor de u$s800.000 por mes.
En ese sentido, agrega que «el desvío de fondos en este ámbito impacta en la población más frágil de la sociedad. Cada peso derivado a coimas significa la pérdida de tratamientos de rehabilitación, prótesis, sillas de ruedas o medicamentos imprescindibles para miles de familias».
En la presentación se indica que el esquema «demuestra cómo la salud pública fue convertida en una moneda de cambio. Las decisiones sobre qué medicamentos comprar y a qué empresas adjudicar dependían de pagos ilegales antes que de criterios médicos o de necesidad social».
«Nos encontramos frente a una maniobra fraudulenta de cobro y pagos de coimas de una enorme magnitud, que involucra a la familia presidencial, a altos funcionarios del gobierno y a una de las droguerías más poderosas del país», concluye.
