El Gobierno declaró secreto militar a las operaciones contractuales vinculadas con una adquisición puntual de material y equipamiento del Ministerio de Defensa. La decisión se da en plena tensión con el Reino Unido por la cuestión Malvinas y permite que los organismos contratantes avancen con los trámites de compra sin cumplir las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y Carlos Alberto Presti, y publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. De este modo, el texto no detalla qué bienes se adquirirán, cuánto costarán, quiénes serán los proveedores ni cuáles serán los plazos de entrega.
El alcance de la declaración queda delimitado a las adquisiciones identificadas en un expediente particular (el denominado bajo el código EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD). Por lo tanto, la reserva dispuesta corresponde a esas operaciones específicas y no constituye una declaración general sobre todas las compras de la cartera.
Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuya naturaleza, características y finalidad requieren que su contenido sea conocido únicamente por personas autorizadas. El Ejecutivo sostiene que la divulgación de esa información podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
La decisión se apoya en el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación como secreto militar de asuntos de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Entre las materias comprendidas figuran las adquisiciones, fabricaciones y construcciones, así como sus negociaciones y trámites.
El decreto se da días después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara frente al parlamento de su país que el Reino Unido será «implacable» en la defensa de los derechos de los isleños, luego de que el gobierno de Milei endureciera las sanciones contra las empresas extranjeras que operan en el archipiélago.
El efecto concreto de la clasificación es la excepción a las obligaciones de publicidad del procedimiento. Los considerandos señalan que, una vez declarada la reserva, los organismos contratantes deberán continuar con los pasos necesarios para adquirir el material, sin difundir las actuaciones alcanzadas por la medida.
La norma también autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar, por medio de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, los actos necesarios para hacer efectiva la decisión. Esa autorización no acredita que las compras ya se hayan concretado: el decreto establece la clasificación y habilita la continuidad de las gestiones correspondientes.
Como marco de la medida, el Gobierno cita las leyes de Defensa Nacional y de reestructuración de las Fuerzas Armadas. En particular, recuerda que corresponde al Ministerio de Defensa evaluar y decidir los requerimientos de equipamiento que contribuyan a las capacidades operativas necesarias para cumplir los objetivos del área.
La publicación no incluye un cronograma de implementación ni establece una fecha específica de entrada en vigencia. Tampoco permite determinar cantidades, características técnicas o destinos del equipamiento. La información difundida se concentra en la reserva de las operaciones y en la autorización administrativa para avanzar con ellas.
