La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que se solicitara su citación a indagatoria por presuntas inconsistencias patrimoniales detectadas durante la investigación. El expediente tramita en el Juzgado Federal N.º 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por el juez federal Daniel Rafecas, quien delegó la pesquisa en el fiscal federal Guillermo Marijuán.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió un presunto incremento injustificado en los bienes declarados por Adorni durante su paso por la función pública. Entre las medidas de prueba ordenadas hasta el momento figuran el levantamiento del secreto fiscal y bancario, pedidos de información a organismos públicos y entidades financieras, y el requerimiento de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La pesquisa judicial se centra en la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a distintos cargos en la administración pública, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como auditor interno titular del Ministerio de Defensa y, más tarde, como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Según la fiscalía, existen indicios de un posible ocultamiento de bienes y de sumas de dinero que no habrían sido consignadas en sus declaraciones juradas.
Uno de los elementos que la fiscalía considera relevantes es que, durante su desempeño en el Consejo de la Magistratura bonaerense, Adorni trabajó en un área vinculada directamente con las declaraciones juradas, por lo que, según la acusación, conocía los procedimientos y requisitos para su correcta presentación.
El mes pasado, el diputado provincial rectificó una de sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción, luego de que se iniciara la causa judicial. En esa corrección informó la existencia de $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado previamente. El fiscal sostiene que el funcionario “omitió y falseó datos relevantes” en sus presentaciones patrimoniales, al ocultar sumas de dinero, cuentas bancarias y modificar montos sobre los que tenía la obligación legal de informar con veracidad.
