La situación económica de los hogares argentinos refleja las dificultades cada vez mayores para llegar a fin de mes. Según un relevamiento reciente, dos de cada tres personas se quedan sin dinero antes del día 20, mientras que una proporción importante agota sus ingresos durante las primeras dos semanas. En este escenario, la posibilidad de ahorrar se encuentra fuera del alcance de la mayoría.
Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, que identificó un deterioro en la capacidad de los ingresos para cubrir los gastos cotidianos. De acuerdo con el informe, apenas el 34% de los encuestados consigue sostener su presupuesto durante todo el mes y solo el 9,8% afirma tener margen para ahorrar.
La falta de recursos también se refleja en el aumento del endeudamiento. Durante los últimos seis meses, el 56,2% de los consultados recurrió a algún tipo de crédito o deuda para afrontar sus compromisos económicos. A su vez, el 81,8% considera que su salario pierde frente a la inflación, una percepción que se mantiene elevada desde marzo.
El panorama resulta especialmente delicado entre los menores de 40 años, grupo en el que el 72% se queda sin dinero antes del día 20. Dentro de ese segmento, el 60,9% se endeudó durante el último semestre y apenas el 3% consigue ahorrar. Además, el 69,1% tiene una mirada negativa sobre la situación económica del país.
Endeudarse para cubrir lo básico
El estudio advierte que una parte considerable de las deudas ya no está vinculada con la compra de bienes o con gastos que pueden postergarse, sino con la necesidad de sostener el consumo cotidiano. Entre quienes tomaron préstamos o recurrieron al crédito, el 55,1% utilizó esos recursos para pagar alimentos y gastos de salud.
En tanto, el 21,3% destinó el dinero a cubrir tarifas y servicios públicos, mientras que apenas el 11,8% lo empleó para adquirir bienes durables. Los resultados muestran cómo el financiamiento se convirtió, para numerosos hogares, en una herramienta para compensar la insuficiencia de sus ingresos.
Las diferencias según el nivel socioeconómico también son significativas. En la clase baja, el 59,6% agota sus recursos antes del día 15 y el 83,3% se queda sin fondos antes del día 20. En ese mismo sector, el 68,1% se endeudó en los últimos seis meses, el 65,5% de quienes lo hicieron utilizó el dinero para necesidades básicas y solo el 0,9% tiene capacidad de ahorro.
En la clase media, el 51,4% no logra sostener sus ingresos hasta el cierre del mes y el 47,1% recurrió al endeudamiento. Dentro de este grupo, el 45,6% destinó el dinero a gastos esenciales, mientras que el 29% lo utilizó para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta entre los segmentos analizados.
La realidad es diferente en los sectores de mayores ingresos. En la clase alta, el 20% se queda sin dinero antes de terminar el mes y el 61,9% logra ahorrar. Aunque el 36,5% recurrió al crédito, el 63,4% de quienes se endeudaron lo hizo para comprar bienes durables, una finalidad que contrasta con las necesidades que impulsan el endeudamiento en los sectores más vulnerables.
Un círculo difícil de romper
El deterioro de los ingresos y la necesidad de financiar gastos básicos plantean un problema que puede extenderse más allá de un mes. Desde Zentrix advirtieron sobre las consecuencias de utilizar los recursos del período siguiente para cancelar compromisos anteriores. Al respecto, señalaron que “el ciclo se retroalimenta y la morosidad deja de ser un episodio para convertirse en un riesgo estructural de los hogares que usan la deuda como puente”.
La percepción de que los salarios no alcanzan también permanece prácticamente sin cambios. Desde marzo, el porcentaje de personas que considera que sus ingresos evolucionan por debajo de la inflación no descendió del 81%, con un máximo del 87,4% registrado en julio.
Frente a este escenario, el rol del Estado aparece como uno de los principales puntos de debate. El 67% de los encuestados considera que debe intervenir ante el crecimiento del endeudamiento y los problemas para cumplir con los pagos. De ese total, el 36,1% entiende que se trata de una problemática social que requiere atención pública, mientras que el 30,9% sostiene que la intervención estatal es necesaria incluso cuando las deudas se originan en acuerdos entre privados.
En cuanto a las posibles medidas, la mayoría se inclina por establecer reglas más estrictas para el acceso al financiamiento. El 61,3% de los consultados prefiere que se regulen las condiciones de otorgamiento de los créditos, mientras que el 23,6% propone refinanciar las deudas mediante el Banco Central. Por su parte, apenas el 7,5% respalda la condonación de obligaciones por ley.
Los resultados del relevamiento exponen una dificultad que atraviesa a distintos sectores sociales, aunque con consecuencias desiguales: cada vez más personas necesitan recurrir al crédito para sostener sus gastos cotidianos, mientras se reduce la posibilidad de ahorrar y aumenta el riesgo de que las deudas acumuladas comprometan los ingresos de los meses siguientes.
