Según advirtió la CGT, el cierre de estos organismos y su “abandono derivará en más accidentes y peligro para millones de personas que transitan día a día” las rutas nacionales.
El comunicado, que lleva la firma del Consejo Directivo encabezado por Héctor Daer, califica la medida como “un ataque directo al modelo de país federal que defendemos” y advirtió que su implementación “deja en vilo a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país”.
Esta decisión “es un ataque directo al modelo de país federal que defendemos. Las rutas son las venas que conectan a nuestra Argentina productiva. Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo”, insistió la CGT y advirtió que esta medida “no hace más que transformar a las rutas argentinas en un espacio donde, más temprano que tarde, el abandono derivará en más accidentes y peligro para las millones de personas que las transitan día a día”.
“Una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de poner sus esfuerzos en mejorar la vida de las y los argentinos, lleva adelante acciones cuyo único objetivo es generar incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestras rutas”, concluyó la CGT.
Ayer, el Gobierno defendió la polémica medida y aseguró que ello permitirá un ahorro de aproximadamente 100 millones de dólares anuales y anticipó una apertura a la licitación de más de 9.120 kilómetros de rutas servirá para “optimizar el mantenimiento de las rutas con una mayor participación del sector privado”.
En la misma línea, la titular del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, acusó al presidente Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de propiciar “rutas nacionales de la muerte”.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, afirmó la dirigente sindical.
“Nos desfinanciaron desde que asumieron para desmantelarnos y acusarnos ahora de ineficientes. Hacemos un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”, advirtió.
