La crueldad avanza. La administración Milei desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego con un recorte en su ejecución presupuestaria del 73% durante todo 2024 comparado con las partidas del 2023. Un total de 400 brigadistas y 600 profesionales y administrativos, vinculados al cuidado de los Parques Nacionales, permanecen sin contrato laboral estable. Los incendios en el Bolsón y la falta de recursos del Estado nacional que se denuncia desde el territorio son una de las principales consecuencias del programa de miseria planificada de La Libertad Avanza.
En la zona de Wharton–La Confluencia, uno de los focos de incendios en la Comarca Andina, sus pobladores tuvieron que organizarse en brigadas para luchar contra el fuego. Luego fueron reprimidos por patotas paraestatales. Manuel, uno de los rescatistas, brindó su testimonio -un signo de esta época oscura- ante una consulta de la Revista Cítrica:
“Los vecinos hemos pedido millones de veces actividades preventivas, manejo, organización y logística y nunca hubo financiación para este tipo de políticas públicas. El área tiene 65.000 hectáreas y solamente hay seis guardias ambientales. Hay intereses de gentrificación, mueven a las personas a través del fuego. Bullrich (ministra de Seguridad), principal funcionaria a cargo del sistema nacional de manejo del fuego, se empeña en construir un enemigo interno que no son las inmobiliarias, los terratenientes, las empresas mineras, sino las comunidades mapuches. Las consecuencias son nefastas».
Una Patagonia vaciada
Cuando avanzaba el fuego, y los pobladores de El Bolsón empezaban a organizarse como brigadistas ante la falta de recursos provinciales y del Estado nacional, una patota a caballo (estilo siglo XIX como le gustaría al Presidente) pretendió amedrentar a quienes estaban defendiendo el territorio. Con los ojos bien cerrados, la respuesta del Estado –provincial y Nacional– fue apresar a los brigadistas que pusieron sus vidas a disposición de la Comarca. La policía de Río Negro apresó “perejiles” y desde el Estado nacional acusaron a los mapuches de iniciar los incendios. La mentira planificada al servicio de un plan estatal criminal.
Soraya Maicoño vive en el paraje Mallín Ahogado; ella es mapuche – tehuelche y en 2017 era la werken (vocera) de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen al momento de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Hoy denuncia la connivencia entre la provincia de Río Negro, el Estado nacional y las pretensiones de Lewis de seguir expulsando a los pobladores de la región.
«Hubo una manifestación espontánea frente a la comisaría por las detenciones arbitrarias; allí apareció una patota parapolicial que viene ejerciendo violencia hace varios años cada vez que se hace una marcha pidiéndole a Joe Lewis que abra el acceso a Lago Escondido. Es lamentable que, a estas alturas, como seres humanos, estemos siendo gobernados por gente de la vieja política, de una política dañina con intereses en esas tierras”, sostuvo Maicoño durante un reportaje realizado por Antonella Bernetti para El Destape.
La patota actuó bajo una zona liberada. “La policía no hizo nada y dejó que se le pegara a la gente. Esa patota es la misma que apareció cuando habían asesinado a Elias Garay (otro joven mapuche). Desde el Estado nacional insisten con la construcción de chivos expiatorios, ya lo vivimos con el asesinato de Rafael Nahuel”, sostuvo, en diálogo con El Destape, Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).
En este escenario, el Estado provincial avanzó con detenciones arbitrarias, tal como sucedía durante la última dictadura cívico militar. En las últimas horas del viernes 7 de febrero, detuvieron a Federico, Camila y Catalina, otros tres brigadistas voluntarios acusados falsamente de “terroristas”.
con información de eldestapeweb.com
