El Gobierno de la República Islámica de Irán oficializó la designación de la Armada y de la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas. La medida diplomática y legal se enmarca en un acto directo de respuesta frente a la decisión adoptada el pasado mes de abril por la administración encabezada por el presidente Javier Milei, la cual había declarado en esa categoría a la Guardia Revolucionaria iraní tras señalar su presunta responsabilidad e implicación en los atentados perpetrados en territorio argentino durante la década del ‘90.
A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores de Irán, la diplomacia del país asiático confirmó el alcance de la disposición legal amparándose en criterios de reciprocidad entre ambas naciones.
En el texto oficial, Teherán precisó el fundamento jurídico del pronunciamiento: «El Gobierno de la República Islámica de Irán, en virtud del principio de reciprocidad y de conformidad con la Ley de Medidas Recíprocas en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declara que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha ley y de sus disposiciones».
El argumento de reciprocidad de Teherán
Desde la perspectiva de las autoridades iraníes, la resolución adoptada contra las ramas de las Fuerzas Armadas argentinas responde de manera directa a lo que calificaron como un «acto hostil» por parte de Buenos Aires, el cual sostienen que resulta contrario a los principios fundamentales del Derecho Internacional.
En este sentido, la Cancillería iraní argumentó que su actuación obedece a lo estipulado en la legislación nacional referente a las acciones de Estados Unidos y sus aliados internacionales. Según la normativa invocada por Teherán, la ley establece de forma explícita que «todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de Estados Unidos de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a medidas recíprocas».
Asimismo, la representación diplomática de la República Islámica se adentró en las derivaciones diplomáticas de este contrapunto institucional y concluyó su pronunciamiento advirtiendo formalmente que el Gobierno de Argentina «será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida».
El antecedente del decreto argentino
Este cruce de determinaciones bilaterales tiene como antecedente inmediato la resolución adoptada por el Poder Ejecutivo argentino en abril pasado. En aquella ocasión, Milei estableció formalmente mediante un decreto presidencial que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fuera considerado como una «organización terrorista» dentro de la jurisdicción nacional. Para fundamentar dicho decreto, la administración argentina argumentó la existencia de «informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino».
En dicho posicionamiento, la Casa Rosada justificó el rotulado de la entidad paramilitar iraní haciendo hincapié en el papel que se le atribuye a la Guardia Revolucionaria en dos de los ataques terroristas más graves registrados en la historia reciente del país sudamericano: el atentado perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en el año 1992, y el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), registrado en 1994.
La reciente resolución emitida por Teherán marca así un nuevo pico de tensión en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, configurando una escalada fundamentada en la aplicación recíproca de normativas antiterroristas.
