Se presentó la primera apelación contra los sobreseimientos del caso $Libra. Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que denuncian haber sido perjudicados por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda promocionada por Javier Milei, apeló el sobreseimiento del Presidente, de su hermana Karina Milei y de los otros nueve imputados, y reclamó que la investigación penal continúe.
También apelarán, según anticiparon, otros damnificados, que fueron corridos de su rol de querellantes.
La primera presentación realizada, patrocinada por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, cuestiona tanto los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi como la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de todos los acusados.
El planteo tiene una particularidad: Marchetto ya había sido apartado del expediente como querellante y esa exclusión fue confirmada por la Cámara Federal.
Sin embargo, como la Cámara Federal de Casación Penal todavía debe resolver el recurso con el que busca recuperar esa condición, el inversor sostiene que tiene derecho a impugnar el cierre de la causa para evitar que la discusión sobre su participación llegue demasiado tarde.
En su escrito, cuestionó que el magistrado haya llegado a una conclusión definitiva sin agotar medidas de prueba que seguían pendientes. También advirtió sobre contradicciones en la resolución y una evaluación parcial de los elementos incorporados al expediente.
Las críticas al juez y al fiscal
Uno de los principales argumentos de la apelación apunta a una distinción jurídica que, según Marchetto, el juez no respetó: la diferencia entre considerar que todavía no hay pruebas suficientes para demostrar un delito y concluir que los hechos investigados no constituyen delito.
Para el inversor, el fallo confundió ambos conceptos y avanzó hacia el cierre sin explicar adecuadamente por qué los elementos reunidos no justificaban continuar investigando.
El recurso también cuestiona el accionar de Taiano. Marchetto le atribuye haber demorado medidas de prueba, omitido convocar a testigos que podrían aportar información relevante y no haber solicitado las declaraciones indagatorias de los imputados. Además, remarca que el fiscal pidió cerrar el expediente mientras todavía estaban en curso diligencias que él mismo había ordenado.
“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo el inversor.
Entre las medidas que, según la presentación, aún requerían profundización figura la ampliación de las pericias telefónicas de los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados en el expediente por haber recibido fondos del estadounidense Hayden Davis.
También cuestionó que no se haya convocado a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, y Yanina Nicoletti, quien fue la primera abogada de Davis en la Argentina.
El planteo sostiene que el cierre de la investigación no puede analizarse al margen de esas diligencias pendientes ni de la ausencia de indagatorias a los once imputados que finalmente fueron sobreseídos.
Las llamadas de Milei antes del lanzamiento de la criptomoneda
La apelación vuelve sobre uno de los puntos centrales del expediente: las comunicaciones entre el Presidente y Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación con la que Milei difundió el criptoactivo en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025.
Según los registros citados en el recurso, Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. A las 18:56:22, en tanto, el mandatario recibió una llamada entrante del operador. El mensaje presidencial que promocionó $LIBRA apareció a las 19:01:22.
A esa secuencia se suman operaciones realizadas apenas antes de que el público conociera el activo: de acuerdo con la reconstrucción mencionada en el escrito, 74 billeteras efectuaron 87 transacciones por aproximadamente 13,5 millones de dólares unos 22 segundos antes del posteo.
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, destacó Marchetto en su escrito.
Para el inversor, esos elementos debían ser examinados en conjunto y no de manera aislada. El objetivo, sostiene, es esclarecer si hubo coordinación entre quienes prepararon el proyecto, quienes operaron antes de su difusión pública y la intervención del Presidente.
El escrito también cuestiona que no se haya profundizado lo suficiente en el destino de los fondos aportados por los compradores, la identidad de quienes los recibieron y los vínculos que podrían mantener con los organizadores del lanzamiento.
El informe tecnológico que quedó bajo cuestionamiento
Otro de los capítulos de la apelación se refiere al informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), elaborado a partir de dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa.
Martínez De Giorgi había considerado circunstancias vinculadas con una investigación administrativa por el acceso indebido a documentación reservada al evaluar ese material probatorio. Marchetto objetó ese razonamiento y sostuvo que el sumario no había demostrado que la empleada investigada hubiera entregado documentos a una periodista o a terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado.
Además, señaló que la fiscalía había recibido un informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de documentos del expediente, y puso en duda que su contenido no hubiera sido comunicado oportunamente al juzgado y a las partes.
Para el inversor es cuanto menos curioso que la fiscalía no habría informado sobre ese material.
La discusión es relevante porque el tratamiento de la prueba tecnológica forma parte de los argumentos utilizados para evaluar la solidez de la investigación y los elementos que podían sostener la hipótesis delictiva.
Por qué sostiene que puede apelar si ya no es querellante
La cuestión procesal es decisiva para el futuro del caso. Marchetto fue apartado como querellante por una decisión judicial del 3 de julio, posteriormente confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, presentó una queja ante Casación para intentar recuperar su participación, y ese planteo todavía debe ser resuelto.
Su argumento es que, si el sobreseimiento queda firme antes de que el tribunal superior decida si corresponde reincorporarlo, una eventual resolución favorable podría perder efectividad: volvería a ingresar a una causa cuya investigación ya estaría cerrada definitivamente.
Para fundamentar su legitimación, invocó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, que reconoció la posibilidad de que quien pretende constituirse como querellante interponga determinados recursos ante Casación. También apeló a los derechos de las víctimas reconocidos por la legislación, entre ellos el acceso a la Justicia, la información, la participación en el proceso y la tutela judicial efectiva.
De esa manera, el inversor busca que su exclusión del expediente no se convierta en un obstáculo definitivo para cuestionar el sobreseimiento. Su planteo apunta a preservar una vía de revisión mientras sigue pendiente la discusión sobre su condición de parte.
