El Presidente Javier Milei ajusta permanentemente, pero otros gastos demuestran que hay plata: el Gobierno nacional oficializó una reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia. La medida reorganiza las competencias vinculadas con la administración de la Casa Rosada, las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, la preservación patrimonial, la seguridad y los traslados del jefe de Estado, bajo el argumento de responder a «razones de gestión».
La decisión se dio a conocer a través de la publicación del Decreto N° 1176/2026 en el Boletín Oficial. Si bien el Ejecutivo remarcó que los gastos derivados de la reestructuración se financiarán con partidas otorgadas a la Secretaría General de la Presidencia, dispuso un rediseño de su esquema organizativo que incluye jerarquizaciones salariales y la redistribución de funciones en áreas clave.
Uno de los puntos más controversiales de la normativa es la elevación de rango y jerarquía de Secretario para el titular de la Subsecretaría Legal, Juan Manuel Galli. A su vez, la reforma eliminó la Subsecretaría de Planificación General y el cargo extraescalafonario de coordinador de Asesoramiento Técnico que dependía directamente de la Secretaría General.
Tras estos cambios, el organigrama de la dependencia queda conformado por la Unidad Gabinete de Asesores, las subsecretarías Legal, de Coordinación Administrativa, de Gestión Institucional y de Asuntos Presidenciales, junto a la Casa Militar.
A partir de estas modificaciones, la Unidad Gabinete de Asesores incorporará atribuciones relacionadas con la planificación de un programa de puesta en valor de los edificios, el patrimonio histórico y los bienes culturales de la Secretaría General.
Entre sus nuevas funciones figuran la elaboración de políticas culturales, la conservación y restauración de patrimonio, junto con la coordinación de actividades en la Casa de Gobierno y otras sedes administrativas.
De hecho, el área también tendrá intervención en cuestiones vinculadas con la Residencia Presidencial de Olivos, la Residencia Presidencial de Chapadmalal y el Museo del Bicentenario. Sin embargo, respecto de las dos residencias, deberá coordinar acciones con las autoridades de Casa Militar.
De la denuncia de espionaje al blindaje militar: la Quinta de Olivos cambia de manos
Estas modificaciones en el organigrama y la distribución del presupuesto se suman a una serie de reorganizaciones operativas y logísticas dentro de la Secretaría General. La Subsecretaría de Coordinación Administrativa sumará la planificación de los servicios generales requeridos por la Secretaría General y los organismos a los que presta asistencia.
De la misma manera, asumirá la responsabilidad de las tareas ligadas a los traslados terrestres del Presidente y aquellos que la Secretaría General encomiende para integrantes del Poder Ejecutivo. Esa competencia abarca actividades dentro y fuera del país y comprende las sedes de Casa Rosada, Olivos y Chapadmalal.
En tanto, la Casa Militar deberá organizar y supervisar el trabajo de los agentes asignados a la seguridad presidencial, incluidos efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y fuerzas policiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta transferencia del control operativo de la Quinta de Olivos hacia la Casa Militar no es casual y se da tras un reciente episodio de fuerte tensión interna. Hace poco menos de un mes, el presidente Milei denunció «espionaje interno» en la Quinta de Olivos de parte del personal de civil y echó a los trabajadores de la residencia.
Tras hacerse públicos los hechos, el Gobierno emitió un comunicado donde informó que «la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos».
Aseguró que «la transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar responde a la a necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial».
Días después, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la reincorporación de los 12 empleados despedidos. Sin embargo, aclararon que no iban a ser ubicados en la residencia oficial, sino que realizarán tareas entre Casa Rosada y las oficinas de Presidencia en Avenida de Mayo.
