Contra lo dispuesto por la Justicia, el gobierno de Javier Milei insiste en desconocer la Ley de Emergencia en Discapacidad y no aplica la suba retroactiva prevista en la normativa sancionada, y luego ratificada por segunda vez por el Congreso de la Nación ante el fallido veto presidencial. El gobierno libertario se limita apenas a actualizar el nomenclador de prestaciones siguiendo la inflación del mes anterior y se niega a abonar lo perdido en los dos primeros años de gestión cuando Milei y Luis Caputo aceleraron el paso de «la motosierra» sobre el área de discapacidad.
En esa línea el gobierno libertario aprobó este lunes una nueva suba en el nomenclador mientras avanza en su plan para eliminarlo y dejar librado a cada obra social y prepaga que defina por sí sola cuánto pagará a los prestadores por cada uno de los servicios. Así quedó plasmado en la Resolución 2775/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches
De esta manera, los valores del nomenclador para agosto subirán un 2,1% siguiendo la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para julio pasado.
La nueva suba rige de forma uniforme para todas las modalidades de prestación contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin distinción por tipo de servicio, y se verán reflejados en agosto.
La normativa también ratificó la continuidad de un adicional del 20 % sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en la denominada zona patagónica. Este reconocimiento por zona desfavorable aplica a las provincias del sur del país y fue incorporado inicialmente. La medida contempla las condiciones geográficas y de acceso propias de esa región, que encarecen la prestación de servicios de salud y apoyo para las personas con discapacidad. Los nuevos valores arancelarios acompañan el texto oficial.
El Nomenclador fue aprobado originalmente en 1999 por el entonces Ministerio de Salud y Acción Social mediante la Resolución 428/99. Desde entonces, sus aranceles reciben actualizaciones periódicas a partir de las propuestas que eleva el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, el órgano colegiado encargado de la conducción del sistema.
