La Justicia Penal y Civil avanza en una causa que involucra a la excandidata a intendente de La Banda, Noralí Sosa, quien habría sido imputada por presuntas estafas vinculadas a la comercialización e instalación de piscinas. En paralelo, en el fuero civil se dispuso un embargo cercano a los 9 millones de pesos, en el marco de una de las demandas en su contra.
De acuerdo con presentaciones realizadas ante la fiscal Eugenia Callegaris, Sosa habría sido denunciada por clientes que aseguran haber abonado anticipadamente por piletas que nunca fueron entregadas ni instaladas.
Uno de los denunciantes, representado por el abogado Luis Barraza, es Jonathan Luis Gabriel Medina, quien habría transferido un cheque electrónico por $2.134.833 a favor de un tercero indicado por Sosa como proveedor, identificado como Carlos Javier Méndez.
Según la presentación judicial, tras decidir cancelar la operación —rescisión que habría sido aceptada por la acusada— se habría iniciado una sucesión de promesas de devolución incumplidas, excusas reiteradas y dilaciones injustificadas. El patrón se repetiría en otras denuncias: pagos adelantados sin cumplimiento de entrega.
Fuentes tribunalicias indicaron que la fiscal Callegaris ya habría dispuesto la imputación formal de Sosa, aunque no trascendió oficialmente si se fijó fecha para su declaración como imputada.
Embargo en el fuero civil
En forma paralela a la investigación penal, una de las causas civiles tuvo un avance significativo. La abogada Carla Sequeira representa a la agente penitenciaria Débora Cortez, quien en 2023 habría abonado más de $500.000 por una piscina que tampoco habría sido instalada.
El pasado 23 de febrero, una oficial de Justicia se presentó en la empresa Nor-Plast, ubicada sobre Ruta 5 en la intersección con Ruta 34, donde se procedió a trabar embargo y al retiro de tres piscinas.
La medida fue ordenada por el juez Civil y Comercial Maximiliano Pernigotti, titular del Colegio de Jueces Nº correspondiente, con el objetivo de cubrir un monto de $6.998.000, más otros $1.749.560 en concepto de intereses y costas, totalizando una suma cercana a los $9 millones.
Situación procesal
Mientras la causa penal continúa bajo investigación para determinar la eventual responsabilidad por el delito de estafa, el frente civil ya muestra consecuencias patrimoniales concretas.
El avance simultáneo en ambos fueros expone un escenario complejo para la excandidata bandeña, cuyo nombre ahora queda vinculado a un expediente que combina denuncias por incumplimientos comerciales con posibles responsabilidades penales.
La causa sigue en etapa preliminar y se aguardan definiciones procesales en las próximas semanas, especialmente en relación con la declaración indagatoria y eventuales medidas adicionales.
