La estrategia es coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica, desde donde se busca sacar las denuncias del ámbito del Trabajo para concentrar la mayor cantidad posible ante el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, escalar a la Corte Suprema.
El Gobierno apura la reglamentación de la Reforma Laboral para «blindarla»
